La necesidad de proteger a la familia y de ayudarla no es sólo un debate abierto en nuestro país, sino que también afecta a toda Europa y, a pesar de ser un problema general, no todos los países lo abordan de igual manera, como deja en evidencia el informe que el Instituto de Política Familiar (IPF) presentará este jueves en el Parlamento Europeo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Uno de los puntos en los que se refleja con más claridad la desigualdad son las ayudas que cada país destina a las familias.

De acuerdo con el informe, «Europa destina cada vez menos dinero a la familia, 2,2 por ciento del PIB de media, con diferencias que están provocando importantes «discriminaciones». Así, como indican los datos del IPF, «su importancia en los gastos sociales va disminuyendo, y apenas alacanza 1,5 euros por persona». Es decir, 561 euros por persona al año. De cada 13 euros que destina Europa a gastos sociales, sólo uno va destinado a ayudar a las familias. La diferencia entre países del norte y del sur del Viejo Continente también queda patente en la distribución de ayudas. Mientras que en Dinamarca, Suecia y Alemania destinan más del 3 por ciento de su PIB, República Checa o Malta sólo fijan en sus presupuestos un 1,2 por ciento. Es más, de la UE-15, Holanda, Portugal, España e Italia son los que menor cuantía fijan.

Las diferencias son evidentes: mientras Luxemburgo ayuda a los hogares con hijos con 2.935 euros por persona al año, en el lado contrario se encuentra Rumanía, que sólo destina 93. La principal medida de apoyo a la familia en Europa es, de media, de 104 euros al mes, generalmente de carácter universal. Pero las diferencias de prestaciones son muy grandes. Una familia con dos hijos y sin restricciones de renta, recibiría en Luxemburgo una aporte económico de 502 euros al mes, mientras que esa misma familia recibiría 48 euros al mes en nuestro país y siempre y cuando tenga una renta muy baja. Y es que esta restricción impide que familias de muchos países reciban ningún tipo de ayuda, como ocurre en Croacia, Bulgaria, Polonia, Eslovenia o Chipre.

A esto se suma lo que el IPF llama «una fiscalidad sin perspectiva de familia», o lo que es lo mismo, que la mitad de los países de la UE-28 se ven discriminados fiscalmente en un 16 por ciento o más. Incluso en algunos países la penalización supera el 30 por ciento. Así, «dos familias con el mismo número de miembros y los mismos ingresos tienen presión fiscal distinta dependiendo del número de perceptores, atacando la equidad», denuncia.

El informe pone de manifiesto, además, que Europa se está convirtiendo en «una sociedad envejecida, sin niños, con hogares solitarios, con cada vez menos familias y cada vez más rotas».

Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, defiende la necesidad de apoyar a la familia con un ejemplo muy claro, la crisis económica. Y es que en unas circunstancias tan complicadas, la familia ha servido de sostén para muchos. «La crisis económica y las dificultades sociales, económicas y demográficas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para la prevención y el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades o la vivienda», dijo