(ABC). Estamos en un año electoral que comienza con las elecciones autonómicas. Los partidos políticos están elaborando sus programas electorales y en todos se debería reconocer el valor social, económico e incluso político que tiene la familia. A través de ella se lleva a cabo una importante redistribución de la renta entre generaciones que permite el mantenimiento de la economía familiar; también genera, educa y forma el capital principal de un país: las personas. Y es también en la familia donde se cuida y protege a los más vulnerables: mayores, dependientes, enfermos, menores, etc.

 

Todo esto supone para las familias una inversión (tiempo y recursos) importante de cuyos buenos resultados nos beneficiamos todos como sociedad, aunque los gastos son asumidos por ellas, especialmente los costes de oportunidad. Los poderes públicos deben facilitar a las familias el buen desempeño de su trabajo, lo que supondrá un ahorro de gasto público considerable (menos fracaso escolar, menor conflictividad social, etc) facilitándoles el cumplimiento del mandato constitucional de equilibrio presupuestario.

 

Pero hasta ahora no han sido muchas las compensaciones que los responsables políticos han proporcionado a las familias. El apoyo y ayuda a la familia sigue sin figurar como un objetivo prioritario explícito en los presupuestos de la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) —por no decir en todas— ni en términos económicos ni legislativos.

 

Imprescindible para la economía

Es un buen momento para pedir a nuestros políticos que en sus programas electorales para las próximas elecciones autonómicas, tengan en cuenta a la familia. Ella resulta imprescindible para ayudar al crecimiento económico y a la creación de empleo, objetivos que todos los partidos consideran prioritarios.

 

Sin embargo, no vale incorporar cualquier actuación pública a la que se ponga el apellido familia, no se trata de callar voces sólo dando prestaciones económicas a algunas familias. El objetivo debe ser ayudar a atender sus verdaderas necesidades, lo que supone facilitar el camino a aquellos que: quieren tener hijos, pero también necesitan trabajar; quieren además educarles conforme a unos principios y valores acordes con nuestro marco constitucional, y que traerán beneficios para la sociedad; o simplemente desean cuidar a sus mayores en su propia casa, proporcionándoles cuidados materiales y también afectivos. Pero las necesidades son muchas y de naturaleza muy diferente, y por ello se necesitan medidas desde muchos ámbitos.

 

Cualquier experto en políticas públicas de familia sabe que, muchas de estas medidas, tienen un coste presupuestario elevado, y que en un contexto de recursos escasos, habrá que seleccionar bien y priorizar las actuaciones. Con el deseo de ayudar a reflexionar sobre este ámbito de la economía pública, se recogen algunos de los objetivos y actuaciones prioritarias que no deberían faltar en los programas electorales para las elecciones autonómicas.

 

En primer lugar, los poderes públicos están obligados a reconocer de manera explícita, el valor social que tiene la familia, ya que sin ella no es posible estabilidad social ni crecimiento económico sostenido. La caída en la tasa de natalidad, el aumento en la edad de la maternidad, y el aumento en la esperanza de vida, ha provocado un importante envejecimiento de la población.

 

Efectos negativos

Los efectos negativos de esta realidad sobre el crecimiento económico, el desarrollo de la innovación, o el aumento de la productividad, así como la imposibilidad de mantener el actual estado de bienestar, exigen actuaciones de apoyo a la labor que las familias desempeñan. Estamos ante un objetivo político prioritario para todos los partidos políticos que quieren trabajar por el bien común, porque no es una exigencia ideológica, sino económica y social.

 

Y este apoyo debe estar fundamentado en la protección y defensa de la vida, ya que se trata del primer derecho del que cuelgan todos los demás. Esto exige, entre otras actuaciones, medidas de apoyo a la madres, ya que sin ellas difícilmente se podrá articular una auténtica política de apoyo a la familia.

 

Resulta necesario que las CCAA pongan en marcha programas de apoyo a mujeres embarazadas y/o con hijos menores en los que se integren, entre otras muchas, medidas tales como: ayudas económicas en situaciones de extrema gravedad; servicios de apoyo y acompañamiento durante el embarazo; y recursos residenciales específicos para mujeres en exclusión social y sus familias.

 

En la actual coyuntura económica resulta especialmente urgente una ayuda a la creación de empleo facilitando la corresponsabilidad familiar y laboral y por tanto avanzando en igualdad. Atendiendo a la Estrategia Europea por el Empleo 2020, sólo es posible lograr la mejora del empleo en términos de igualdad, cuando se combinen políticas de mercado de trabajo con medidas de apoyo a la familia, que permitan a hombres y mujeres tener y criar el número de hijos que deseen, sin tener que renunciar a un trabajo remunerado. Por ejemplo, entre otras medidas, se deberían considerar colectivos prioritarios en las políticas activas de empleo, a las mujeres que retornen al mercado de trabajo, tras un período de cuidado de hijos.

 

Las familias han visto disminuir sus ingresos durante la crisis, como consecuencia de la pérdida de empleo. Esta caída en sus rentas es especialmente grave cuando afecta a familias con menores, siendo urgente la puesta en marcha de medidas que eviten que puedan entrar en el bucle de la pobreza del que no podrán salir solos.

 

Lucha contra la pobreza

Para ello resulta necesario fortalecer las actuaciones ya en marcha de lucha contra la pobreza, dotándoles de mayor generosidad y trato preferente para las familias con hijos. Pero estas ayudas no pueden ser sólo prestaciones económicas directas, deben también orientarse a prevenir las posibles situaciones de riesgo y exclusión social asociadas a dichas carencias: sanidad, educación y vivienda.

 

Por último, las medidas de ayuda a la familia no deberían estar dirigidas exclusivamente a familias en situaciones especiales –pobreza o exclusión social -. También deberían realizarse actuaciones que permitieran un trato equitativo y justo a todas las familias, lo que exige, entre otras, actuaciones en el ámbito fiscal. La capacidad legislativa de las CCAA en el IRPF les permite la revisión de las circunstancias familiares, así como la ampliación y mejora de las deducciones de carácter familiar, inexistentes en muchas de ellas.

 

Es también necesario disminuir algunos impuestos autonómicos, para dar más liquidez a las familias y permitirles aumentar su consumo, lo que resulta imprescindible para el crecimiento económico, así como propiciar acuerdos con las administraciones locales para la revisión de algunas tasas de municipales con idéntico objetivo.

 

Una política de familia exige la colaboración e implicación de todas las unidades administrativas de las CCAA, pero también la máxima coordinación con la Administración General del Estado. Los PGE para 2015 incorporan el compromiso político de poner en marcha el Plan Integral de Apoyo a la Familia, compromiso que el propio Presidente del Gobierno ratificó en el último debate del estado de la nación.

 

Dicho Plan estatal debería aprobarse de manera inmediata. Y también es necesaria una estrecha colaboración con los agentes sociales, especialmente con los empresarios, a los que se les debería concienciar sobre la necesidad de disponer de más capital humano y mejor formado pero no sólo en lo académico, para lo que se necesitan padres, madres y en definitiva familias fuertes, capaces de educar en valores. Los que hoy nacen, crecen, y son educados por sus familias, mañana serán adultos y si queremos construir para ellos un país con futuro y con esperanza, no podemos hacerlo al margen de ellas.

 

Aunque no podemos, ni debemos, poner nuestra esperanza sólo en los políticos, tenemos que ayudarles a identificar las verdaderas necesidades de los ciudadanos y mostrarles el camino más corto y más barato para trabajar en beneficio de todos.