(La Vanguardia/Diariocrítico/Información/20 Minutos). Con motivo de cumplirse este sábado el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones han pedido a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos para ella. 

En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), ha exigido a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo. "Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado", según esta Plataforma, que ha explicado que se ha pasado de "la esperanza" surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos "retroceden a pasos agigantados".

La Lapad ha considerado que los distintos gobiernos autonómicos y central, "al amparo de la crisis económica", están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia que, aseguran, "nos llevan poco a poco a una situación que raya la beneficencia con los distintos repagos y copagos que están estableciendo y que nos afectan de una manera muy directa, llegando en muchos casos a obligar a las personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida".    

En su opinión, el  Estado tiene "obligación" de atender a todas las personas que necesitan del cuidado y las atenciones de terceros para desarrollar su vida diaria y "no puede escudarse en una situación de crisis económica para hacer dejación de sus funciones". En este sentido, desde Lapad apuntan su convencimiento de que se puede rebajar los presupuestos de otras partidas "que no afectarían a la subsistencia de nuestro colectivo, ni a la de la ciudadanía en general" porque las personas en situación de dependencia se merecen una vida digna, y no podemos, ni vamos a  consentir que nuestros gobernantes vuelvan la cara para no ver el sufrimiento al que les están llevando".

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha señalado en una nota que la Ley de Dependencia "ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal".

"Los crecientes recortes" han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad", según el Cermi, que hace un balance "negativo" de la legislación promulgada hace siete años.

El Cermi ha reclamado por ello "un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada".

Duras críticas al Gobierno de Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana

Desde las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana aseguran que los "recortes y copagos" han colocado al colectivo de la dependencia y la discapacidad "en una situación imposible e insostenible", al tiempo que han denunciado también que la Comunidad Valenciana sea "la cuarta por la cola" en gasto público por habitante y año en dependencia, con casi 23.000 personas en "el limbo de la dependencia" y con dos meses de retraso en el pago de las prestaciones.

"El Gobierno valenciano no ha tenido la voluntad política de ponerse al día en el pago; sigue sin querer entender que los pagos a los dependientes deben realizarse en tiempo y forma, que su medicación y manutención no puede aplazarse hasta que ellos dispongan de liquidez; que 30.000 dependientes ya se han quedado por el camino", han indicado desde la Plataforma, que ha reclamado la dimisión del presidente, Alberto Fabra.

Asimismo, se han lamentado que desde la llegada del PP al Gobierno central la Ley de Dependencia "se convirtió en un objetivo a batir" y, desde entonces, se han sucedido diferentes medidas que han afectado a este colectivo, como el copago en las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas o en los centros, que según ha advertido la Plataforma, "va a llevar al cierre de centros de atención diurna, ocupacionales y residencias".

De esta forma, los representantes de las plataformas han reivindicado la viabilidad y sostenibilidad de la Ley de Dependencia, que "además genera empleo directo, estable y no deslocalizable, y que da trabajo sobre todo a las mujeres". Así, consideran que se trata de "una cuestión de voluntad política y de defender un modelo de servicios sociales basado en el derecho a una atención digna a las personas en situación de dependencia, y no en un modelo de beneficiencia a expensas de la caridad de los poderes públicos".

Alicante: el drama concreto de varias familias con dependientes que tendrán que pagar por ir a centros ocupacionales y de día

Discapacitados de la provincia de Alicante que acuden a centros ocupacionales y de día han comenzado a recibir cartas de la Conselleria de Bienestar Social en las que se les informa de que, a partir del 1 de enero, tendrán que pagar parte del coste de estos servicios. Algunas familias se han encontrado, según se resuelve en algunas de estas cartas, con que tendrán que abonar 700 euros mensuales, por 14 pagas, si quieren seguir disfrutando de este recurso contemplado dentro de la Ley de Dependencia.

Usuarios, partidos políticos y trabajadores de centros de día denunciaron el viernes este nuevo copago durante la manifestación convocada en Alicante con motivo del séptimo aniversario de la aprobación de esta ley. Una aportación que se suma a la que ya hacen las familias, que normalmente tienen que sufragar el comedor o el transporte escolar para acudir a estos centros.

Es el caso de Maite Hernández. Su hija, con una discapacidad del 80%, es usuaria de un centro ocupacional en Alicante. A los 135 euros que mensualmente pagan por el transporte "se van a sumar a partir de enero otros 96 euros de copago". Los únicos ingresos que entran en casa de esta familia "son 426 euros de una prestación y los casi 500 que cobra mi hija, es un abuso".

El pasado 6 de agosto, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el decreto 113/2013 por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. Con este texto, Bienestar Social ha incrementado las aportaciones de los dependientes a algunos servicios, como el de las residencias, y ha establecido un copago para otros, como es el caso de los centros de día. Para trabajadores de estos centros, como Paulino López, la cuantía que las familias deben pagar a partir de ahora "supone en realidad un repago, ya que como la Conselleria de Bienestar Social no financia al cien por cien a las entidades que gestionan estos centros, las familias han tenido que pagar siempre una cuota para el pago del comedor o del transporte".

Usuarios y familias denuncian también que para establecer los copagos se ha tenido en cuenta el coste del servicio y la renta del discapacitado, que incluye también las propiedades del usuario, como inmuebles o rentas. Muchos padres optan por poner a nombre de sus hijos todas sus propiedades con el fin de garantizarles un futuro "pero eso no significa que la persona discapacitada tenga mucho dinero", señalaban ayer usuarios afectados por estos nuevos copagos. La diputada de Esquerra Unida, Esther López, critica además que la conselleria "no ha publicado los costes reales de los servicios en base a los cuales se calculan esos copagos".

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, Miquel Martorell, denunció el viernes el estado de agonía que sufre esta norma en la Comunidad Valenciana siete años después de su aprobación. "El año pasado hubo más de mil personas menos recibiendo el servicio de teleasistencia, 638 menos en residencias y 3.675 menos con prestaciones económicas". Además, "la conselleria adeuda a todos los dependientes 14 millones, correspondientes a dos meses y 22 millones en retroactividad".

Martorell denuncia además que en la Comunidad Valenciana hay 21.500 personas con el derecho reconocido a recibir alguna de las prestaciones de la ley, pero que todavía no lo disfrutan. Algunos de estos dependientes están en esta situación de limbo desde que arrancara la ley.