(La Razón). No hubo sorpresas. La mayoría absoluta del PP resolvió a su favor el espinoso debate sobre la reforma de la ley del aborto. Lo que no pudo salvar, sin embargo, fueron los conatos de oposición interna que despierta la interrupción voluntaria del embarazo en el seno de su propio partido. Al menos cinco diputados díscolos rompieron la disciplina de voto, cuatro al no apretar el botón en su aprobación –Lourdes Méndez, Javier Puente, José Eugenio Azpiroz y Antonio Gutiérrez Molina– y la diputada por Madrid Eva Durán, al votar en contra. En declaraciones a LA RAZÓN, Durán reconoció que el sentido de su voto se debe a que esta reforma «no defiende la vida del no nacido». La anécdota de la jornada fue el voto a favor del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que apretó el botón por error. Así las cosas, con un apoyo prácticamente unánime del PP y con los votos favorables de UPN, Foro Asturias y Unió Democrática de Catalunya, salió adelante la modificación de la norma, que ahora sí exige el permiso paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo. Entre la oposición, contraria a la aprobación de la misma, se extendió el mensaje de que se trata de una medida puramente electoralista, dirigida a una minoría y que atenta directamente contra los derechos de las mujeres.

La reforma parcial de la ley del aborto sólo afecta al supuesto de las menores y no entra a valorar la legalidad de la interrupción del embarazo en sí. Es por esto que la portavoz de Igualdad popular, Marta González, encargada de la defensa de la proposición de ley orgánica, defendió ayer que el cambio parcial no «valida la ley en vigor» –aprobada por Zapatero–, sino que se actúa mientras el Tribunal Constitucional dirime el recurso que presentaron los populares contra la ley de plazos socialista.

González reconoció que el debate de este tema es «extremadamente controvertido», pero necesario ante la «aberración desde el punto de vista jurídico» que suponía que una menor no necesitase el consentimiento informado de sus progenitores para abortar, pero sí para someterse a una intervención quirúrgica. La portavoz de Igualdad enumeró una serie de declaraciones de miembros del PSOE que en el momento de la aprobación de la denominada coloquialmente «ley Aído» mostraron su desacuerdo.

Ante las críticas vertidas por la oposición, que apuntaban a intereses electoralistas en la aprobación, González sacó pecho y reconoció que, efectivamente, existe un interés electoral, pero el de cumplir con el programa del PP en las elecciones de 2011, en el que se incluía la derogación de este punto como compromiso si ganaban las elecciones.

De esta opinión es la secretaria de Igualdad socialista, Carmen Montón, que acusó al PP de ser un «trilero» que juega con los derechos de las mujeres y que «mercadea con ellos» por intereses puramente electorales. «La proposición de ley que traen hoy a la Cámara es una reforma trueque, una reforma electoralista que sólo pretende conseguir un puñado de votos», señaló. Montón defendió la calidad de la ley actual, que definió como «muy buena», porque ha disminuido el número de embarazos no deseados y la tasa de aborto en mujeres jóvenes, que con la nueva ley se verían, a su juicio, abocadas al aborto clandestino. Además, la socialista pidió a los populares que retiren el recurso que mantienen interpuesto ante el Tribunal Constitucional para evitar que se judicialicen los derechos y libertades de la mujer. La secretaria de Igualdad del PSOE, consciente de que ni su mejor oratoria lograría convencer a la bancada azul, apeló al recurso habitual del partido: comprometerse a derogar la reforma cuando lleguen al Gobierno. «¿Y cuándo será eso?», preguntó irónico un diputado popular, rebajando el tono amenazante de Montón.

El resto de partidos de la oposición también criticó de manera beligerante la norma calificándola de «indecente», «lamentable» e «hipócrita». Incluso los que reconocieron que la avalarían. Es el caso de Foro Asturias, que acusó al PP de sufrir una «mutación» partidista y de «incumplir sus compromisos» electorales