El Plan Integral de Apoyo a la Familia supondrá una ayuda total para los hogares de 5.526 millones de euros. Así figura en la estimación económica presente en el borrador del plan, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. En total, cuenta con seis líneas estratégicas: protección social y económica de las familias, valorada en 4.122.928 euros; conciliación y corresponsabilidad, con 6,7 millones; apoyo a la maternidad, con 151 millones; parentalidad positiva, con 4,1 millones; apoyo a las familias en situaciones especiales, con 1.237 millones, y políticas familiares, con 4,1 millones. Este es el impacto estimado durante el primer año de vigencia del Plan. Para llevarlo a cabo, y según figura en el documento, se han coordinado las acciones entre la totalidad de los ministerios: Empleo, Hacienda, Sanidad, Fomento, Economía, Educación, Justicia, Industria, Medio Ambiente y Defensa. En total, son 225 medidas. Desde el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales no comentarán nada del plan hasta su aprobación definitiva que se prevé para diciembre.

- Protección económica. La mayoría de las dotaciones inciden en el nuevo trato fiscal del que gozarán los hogares según su condición. No en vano, el texto incluye varios de los puntos presentes en la última reforma fiscal, aprobada durante el pasado verano. De esta forma, la primera línea versa sobre la «protección social y económica de las familias». Así, el plan, cuya línea de actuación abarca del 2014 al 2017, considera a las personas «con responsabilidades familiares como colectivo prioritario en las políticas de activación para el empleo». El punto 12.a establece una deducción fiscal de hasta 1.200 euros por cada descendiente con discapacidad. Mientras, el punto 12.c indica una deducción también de hasta 1.200 euros al año para familias numerosas, o 2.400 en caso de que estos hogares gocen de «categoría especial».

- Regular el teletrabajo. El texto contempla un «apoyo financiero a la atención social y económica a familias en situación de pobreza severa con menores a su cargo». Entre otros puntos, el 24 prevé una ayuda económica de hasta el 40% de renta anual, con un máximo de 2.400 euros anuales, para el «acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos recursos económicos y en núcleos familiares con mayor número de miembros». La segunda línea estratégica versa sobre sobre conciliación y corresponsabilidad. El plan busca establecer una «mayor flexibilidad en la ordenación de la jornada para atender necesidades puntuales de conciliación» en el «ámbito de la negociación colectiva». Además, se ampliará la «prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave», se buscará una «regulación del teletrabajo» y se dará «apoyo financiero» a aquellas ONG que faciliten la conciliación a través de comedores para los hijos de padres trabajadores.

- Recursos para la embarazada. Una de las líneas estratégicas más importantes es la protección a la maternidad, a través de la dotación de recursos para las mujeres embarazadas. De los puntos que incorpora el borrador, uno busca «facilitar el acceso» al alquiler de «madres solas con menores a cargo en situación de vulnerabilidad social», el impulso de acciones dirigidas a la prevención de embarazos no deseados, busca facilitar los cuidados prenatales en las mujeres que los precisen e impulsar «como medida prioritaria» la promoción y apoyo a la lactancia materna. En el plan se incorporan igualmente medidas como «el establecimiento de ayudas específicas a mujeres embarazadas en situación de dificultad socioeconómica, con el fin de asegurar que estén cursando estudios preuniversitarios puedan proseguirlos. Mientras, en la medida 79 se explica que se debe garantizar «el derecho a percibir de forma acumulada la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos menores de tres años y otras deducciones similares a que pudiera tener derecho», mediante una deducción en la cuota o bien «solicitando su abono mensual anticipado a razón de 100 euros mensuales».

- Modificar el Código Civil. La Defensora del Pueblo pidió en enero que los padres funcionarios pudieran disfrutar del permiso de lactancia completo como ya hacen las mujeres. Así lo recoge el borrador del PIAF en su medida 80, en la que indica que «ambos progenitores podrán disfrutar del permiso como derecho individual». En el Plan se incorporan medidas de protección a la infancia como la modificación del Código Civil para promover que el juez tenga «mayor flexibilidad» para determinar la guardia y custodia en referencia a la custodia compartida, así como garantizar el derecho del menor a relacionarse con sus parientes. Otro punto evita que las familias en pobreza pierdan a sus hijos. De acuerdo con el punto 94, «la pobreza no será en ningún caso considerada la única circunstancia para valorar la situación de desamparo de un menor». En el ámbito judicial, el plan incorpora la implantación «salas amigables» en los juzgados para la toma de declaración de los menores.

Dentro de la quinta línea estratégica también se incorpora la medida 187 que apoya el «desarrollo de programas de orientación y apoyo a familias de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)». En esta misma línea, también se va a elaborar un estudio sobre la incidencia del acoso escolar dirigido a los jóvenes LGTB y a sus familias en España, sobre los recursos para combatirlo y «elaboración de un protocolo que contenga recomendaciones y estrategias para prevenirlo, detectarlo y erradicar dichas conductas. Por otro lado, el plan también prevé crear un Observatorio de la Familia para que difunda una anuario estadístico sobre la situación de las familias en España