(La Razón). La semana que viene arranca de nuevo la rutina parlamentaria tras más de un mes de parón. Durante estos días previos los grupos se han reunido para marcar la estrategia que van a seguir para los meses que quedan de final de legislatura. Una de estas reuniones se produjo el pasado martes y a ella, además de una docena de diputados de la Comisión de Sanidad, también acudió el ministro responsable de esta cartera, Alfonso Alonso. Una de las decisiones que se tomaron en el encuentro era determinar quién se iba a convertir en el nuevo portavoz de Asuntos Sociales. La escogida ha sido Marta González, diputada por La Coruña, hasta el momento vocal de la comisión de Igualdad.

Al margen de las decisiones de organización interna, como ha podido saber LA RAZÓN, en dicha reunión se descartó que la proposición de ley que preparan los populares para introducir el cambio en la «ley Aído» vaya más allá de la mera modificación del artículo en el que se permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin contar con el permiso paterno. Esta propuesta en la que está trabajando el grupo era una de las esperanzas de los diputados provida, ya que en ella se estaba barajando incluir algunas medidas de apoyo a la mujer embarazada que, como quedó claro durante la reunión, al final no se van a incluir en el texto. Se estaban barajando iniciativas similares a las que ha promovido la presidenta de Castilla-La Mancha en su propia comunidad autónoma. Este retroceso vuelve a generar desconfianza dentro de las propias filas del partido, ya que es un nuevo varapalo para los diputados que confiaban que, tras la marcha atrás del proyecto de Gallardón, el Gobierno aportara alguna iniciativa «potente» con la que volver a ganarse a parte de su electorado que le acusa de incumplir su programa electoral. «La decisión de no seguir adelante es decepcionante», afirman fuentes del PP.

Con la nueva fórmula se evitan las críticas que ya había hecho el Consejo de Estado a la modificación del proyecto de ley de protección a la infancia, dentro del que se quería incorporar el cambio de las menores. Y, del mismo modo, desvincular al Ministerio de Sanidad de esta decisión a la espera de que éste apruebe el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) en el que aún están trabajando y cuyo borrador ya publicó este diario en el que se contemplaban más de 200 medidas en las que están involucrados todos los ministerios.

Uno de los motivos por los que se escoge la proposición de ley es para agilizar el proceso y evitar las fases de consulta a los órganos preceptivos y su tramitación se agiliza porque sólo debe pronunciarse el Gobierno.

Antonio Torres, presidente de la ONG RedMadre de apoyo a la mujer embarazada, cree que, si bien en una cuestión como en el aborto puede haber bandos enfrentados, no debería ser así en una cuestión como el apoyo a las mujeres embarazadas. «En RedMadre hemos asistido a cerca de 30.000 mujeres que hoy son madres. Del total, el 80% tenía intención de abortar, pero finalmente decidieron seguir adelante. Si nos estamos gastando entre 50 y 60 millones para financiar el aborto, ¿por qué no se emplea ese dinero para que el 80% de esas mujeres reviertan la decisión de abortar?», se pregunta Torres. De hecho, explica que RedMadre ya propuso un plan de apoyo a la maternidad y tiene aprobadas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) en ocho comunidades autónomas. ¿El resultado? «No se ha hecho prácticamente nada», asegura el presidente de la ONG. Algo que a su juicio sería deseable, entre otros motivos porque España «atraviesa por un problema demográfico grandísimo», con una tasa de fecundación muy por debajo de ese 2,1% que se necesita para lograr el reemplazo generacional.