(El País). Un año antes de que explotara la crisis, en 2007, 103.071 familias en España recibían una renta básica de inserción, el último salvavidas destinado a aquellas personas que no tienen ningún otro ingreso y están en riesgo de exclusión por no poder cubrir sus gastos más apremiantes. Este número se ha duplicado en cinco años, llegando a las 217.358 registradas en 2012, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. que conceden las comunidades autónomas y cambia de nombre y dotación según el territorio, para adaptarla a la nueva realidad, la precariedad laboral y la pobreza sobrevenida.

A falta de conocer los datos de 2013, algunos expertos creen que el descenso es un síntoma de que la ayuda está llegando al límite de su capacidad. “El incremento de beneficiarios se está frenando desde el 2009, pero esta moderación no se corresponde con el deterioro de las condiciones de vida actuales que reflejan los datos disponibles”, explica Guillermo Fernández, del equipo de estudios de Cáritas Española.

Desde 2011, debido a los recortes presupuestarios, varias comunidades modificaron los requisitos y la duración de la recepción de la ayuda. Las cantidades asignadas también están prácticamente congeladas. La media en 2012 fue de 420 euros, pero una vez más el desglose territorial muestra un desequilibrio. En Navarra es de 641 euros, mientras que en Murcia es de 300.

“En muchos casos las reformas de la prestación buscaban excluir a personas en situación de pobreza sobrevenida por la pérdida del empleo o la precariedad laboral, y hacían necesario demostrar una problemática social añadida”, explica el investigador Ernest Gutiérrez, autor del estudio Nueva Pobreza y Renta Mínima de Inserción, encargado por la mesa catalana de entidades del tercer sector. También se endurecieron las revisiones de la renta, para evitar la complementariedad con otras ayudas. O dejó de ser un derecho subjetivo para depender exclusivamente de las posibilidades presupuestarias.

“Los datos nos muestran que unas 800.000 familias deberían poder acceder a las rentas mínimas y el sistema solo está llegando a 200.000. Se pone mucho énfasis en la precarización de las clases medias, pero las que lo están pasando peor son las familias que ya venían con problemáticas de exclusión”, puntualiza Fernández.

El otro reto es que la prestación, en algunos, se vincula con procesos de inserción laboral. Pero la precarización del mercado de trabajo hace que en muchos casos aceptar un trabajo temporal implique poner en riesgo la recepción de la ayuda y tener que volver a iniciar el proceso, explica Aguilar. “Es necesario clarificar el papel de las rentas y reconceptualizar las contraprestaciones del beneficiario, pues el mercado laboral es incapaz de absorber esta población y eso genera una sensación frecuente de frustración”, dice Gutiérrez.

Desde Cáritas abogan por un complemento estatal que permita un mayor equilibrio entre territorios, vía el sistema de Seguridad Social, como se intentó con la extensión de las prestaciones de desempleo. “A medio plazo nos va a costar mucho mantener la exclusión”, explica Fernández. Desde la Mesa del Tercer Sector catalana creen que la apuesta debe ser por una renta mínima garantizada (que ya ha sido propuesta por los sindicatos a nivel nacional) y un programa de complementos de renta, orientados hacia los asalariados que están por debajo de la línea de pobreza.

“Las personas que reciben las prestaciones no se convierten en vagos”, apuntan con vehemencia desde Cáritas. “La gente quiere buscar trabajo, el resto es mitología neoliberal”, apostilla Guillermo Fernández.