Primer paso para el fin del aborto como derecho
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Dos años son los que han transcurrido desde que el Gobierno de Mariano Rajoy accediese al poder aupado por una mayoría absoluta lograda gracias a un programa electoral en el que, una de sus promesas fue la de cambiar “el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”. Numerosos aplazamientos y mucho hermetismo han mantenido esta promesa en un limbo que, tras el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre, parece haber llegado a su fin. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallrdón, por fin presentó el esperado anteproyecto de Ley que, bajo el nombre de "Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada", supone ya un distanciamiento claro al de la actual "Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", aprobado en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a espaldas de la ciudadanía, ya que no fue incluido en su programa electoral.
Aún resta un largo camino hasta que este anteproyecto sea sancionado por el Rey y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este es sólo un primer paso, muy importante porque supone el primer paso hacia adelante en treinta años, pero es importante ser cautos ya que puede haber retrocesos. Cada día son abortados más de 320 niños. La cifra de niños y niñas que no tendrán derecho a nacer por la actual Ley del aborto será de casi 60.000 en los próximos seis meses. En España sigue prevaleciendo el "derecho" de matar al de vivir. El anteproyecto presentado por el PP acaba con el reconocimiento del aborto como un derecho.
La declaración de principios del Gobierno presentada en este anteproyecto queda resumida con estas palabras de Gallardón: "lo que no cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada aun cuando no haya conflicto". El ministro también afirmó que "el derecho a la vida del no nacido es un bien jurídico que tiene que ser protegido, aunque no es absoluto, puesto que puede confrontar con otros bienes jurídicos y que, por tanto, habrá que equilibrar".
La futura ley permitirá abortar en dos supuestos
La despenalización del aborto se rebaja a dos supuestos: violación o riesgo físico o psíquico para la madre. El aborto no será un derecho sino una excepción. No habrá aborto libre en las 14 primeras semanas de embarazo. Sólo se podrá abortar en dos casos: hasta la semana 12 en los casos de violación (y siempre con denuncia previa del delito) y en las 22 primeras semanas si hay riesgo para la vida de la madre, daño psíquico importante y duradero para la madre y grave anomalía del feto. Pasadas las 22 semanas sólo se podrá abortar si existe grave riesgo para la salud de la madre o por anomalías en el feto no detectadas con anterioridad.
La futura ley no contempla el aborto eugenésico. Gallardón dijo que en la Ley de 2010 "el feto sin malformaciones tenía más derechos que el feto con malformaciones", y eso era contrario a las recomendaciones de la ONU en lo relativo a los derechos del concebido. El aborto quedará limitado, tal y como recoge este anteproyecto, a cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida, asociadas a la muerte del feto.
Dos médicos deberán de dar luz verde al aborto
La mujer que solicite abortar deberá presentar dos informes médicos que demuestren que en verdad existen dichas anomalías en el feto, o peligro para su integridad física o grave daño psicológico. Hay que tener muy en cuenta que dichos informes deberán de ser redactados por profesionales médicos de otro centro donde se llevará a cabo el aborto. Los médicos o psiquiatras los escogerá la madre, pero ya no podrán ser del centro abortista donde tendrá lugar el aborto. Según el Gobierno, el informe de dos médicos distintos supondrá más garantías para la madre.
Una de las mayores preocupaciones del anteproyecto viene del hecho de que se mantenga el supuesto de daño psicológico para la madre. La futura ley requerirá dos informes que certifiquen dicho extremo, de profesionales de centros distintos al abortorio elegido por la mujer, pero se obvia qué grado de control se ejercerá sobre los mismos, dejando patente que el "coladero" del riesgo psicológico podría seguir existiendo.
La mujer nunca será castigada penalmente por abortar
El Gobierno insistió durante la presentación de dicho anteproyecto en que la futura ley no conllevará "reproches penales" para las mujeres, a diferencia de la actual. La futura ley no contemplará ningún tipo de consecuencia penal o económica para las mujeres, que siempre serán "víctimas". Dichas penas sí se mantendrán para los médicos, siguiendo la legislación vigente.
La futura ley, de sancionarse en los términos en que fue formulada el pasado viernes, volverá a requirir el consentimiento paterno para que las menores de edad puedan abortar, ampliará los días de reflexión de tres a siete desde que se recibe la información hasta que se toma finalmente la decisión de abortar, regulará el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos y prohibirá la publicidad del aborto al entender que éste "no es un producto" y que dicha información sólo la podrán dar los especialistas. Este punto supone un duro revés para los centros que se lucran con el negocio de la muerte y el drama de las mujeres.
Urge un plan integral de apoyo a la maternidad
Lo expuesto en los párrafos anteriores es un breve resumen de lo presentado por el Gobierno en su anteproyecto de ley, un anteproyecto que todavía puede sufrir muchos cambios, tanto para bien como para mal. Este es el primer paso para derogar una ley del aborto que antepone el derecho a decidir al de vivir, pero en el que aún se atisba la posibilidad de que siga amparándose el riesgo de "coladero" por daño psicológico para la madre y que sigue considerando la violación como un supuesto para abortar, convirtiendo en víctima al hijo fruto de un acto violento. Un acto violento nunca puede ser la solución legal para otro acto violento.
Por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, el Gobierno "olvidó" introducir en este anteproyecto un plan integral de apoyo a la maternidad con ayudas a las mujeres embarazadas en situación de dificultad económica y social, así como una mejora real del sistema nacional de adopciones. Las mujeres que se plantean abortar deben de recibir, además de información fidedigna sobre la realidad del aborto y alternativas para no seguir adelante con esa posibilidad, el apoyo de un Estado que le garantice unas prestaciones y unos servicios dignos. No es de recibo que España siga a la cola de Europa en ayudas a la maternidad, con prestaciones por hijo a cargo que suponen un insulto para las familias, con ayudas a la dependencia cada vez más exiguas y con más trabas para su concesión, y todo esto en un entorno laboral que aún no entiende la conciliación como un valor.